Consiste en tomarse en serio el amor, y esperar a tener relaciones íntimas hasta el día del matrimonio. Los norteamericanos ya se dieron cuenta que un encuentro sexual puede contagiar cinco enfermedades diferentes, y que el único “método seguro” de no contraer enfermedades venéreas es que un hombre monógamo entre en relación con una mujer también monógama.

Se ha visto que las relaciones sexuales prematuras bajan la autoestima de las personas. Hay jóvenes que piensan: “Como empecé con relaciones sexuales, debo seguir, No valgo nada”. Y no ven que la vida humana es fallar y rectificar el rumbo, caer y levantarse, y que resultaría ridículo caer y quedarse en tierra. Para vivir la abstinencia sexual es necesario educar el carácter y reforzar a la voluntad

 Las medidas educativas previstas en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo se dirigirán de manera obligatoria a menores de edad como una estrategia de salud en la que no contará la opinión de los padres ni el proyecto educativo del centro.

 De esta manera el Estado se entromete de nuevo en la intimidad de los alumnos ya que el ejercicio de la sexualidad pertenece al ámbito personal y afecta a los valores y convicciones y, por tanto, a la libertad ideológica y de conciencia.

 La impartición obligatoria de determinados contenidos de educación sexual contraviene la legislación fundamental internacional (Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño, Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Constitución Española y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 El propio Consejo de Estado, en su dictamen sobre el proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo ya manifestó que este apartado de la norma choca expresamente con el artículo 27.3 de la Constitución Española, según el cual «los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

 Las sentencias de febrero de 2009 del Tribunal Supremo en materia de derecho a la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía exigían a las Administraciones educativas que no impusieran criterios en asuntos sobre los que no existiera un consenso social o fueran cuestiones morales controvertidas.

 Es evidente que en el campo de la educación sexual y reproductiva no existe un consenso social. La carga moral e ideológica de esta materia hace imposible que su transmisión sea neutral. Por tanto, impartir determinados contenidos obligatorios en esa materia implica imponer una antropología y moral concreta que no todos los ciudadanos comparten.

 Por tanto, los contenidos de educación sexual dirigida a menores no pueden tener carácter obligatorio. Si lo hace, es absolutamente ilegal y los padres, con todo derecho, podrán oponerse a que sus hijos la reciban en los centros educativos. Estos mismos centros podrán y deberán defender su derecho al ideario propio.

El proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo no especifica cómo se llevarán a la práctica las medidas de educación previstas. El Ministerio de Igualdad, impulsor del proyecto, se había negado a aclarar si la educación sexual se incluiría en alguna de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía o en otras asignaturas.

Sin embargo, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, ha confirmado a los medios de comunicación que el Ministerio de Sanidad está elaborando una normativa legal que obligará a los centros educativos, sin excepciones, a impartir educación sexual a todos los alumnos. La formación en esta materia no la proporcionarán los profesores sino personal sanitario, especialmente farmacéuticos y enfermeros pero también psicólogos, sexólogos y todos aquellos profesionales que el Gobierno quiera capacitar y acreditar.

De esta manera, no cabrá que los centros educativos apelen a su ideario para oponerse ya que, de hacerlo, serán acusados de no colaborar con la salud pública.

Por tanto, es muy probable que a partir del curso que viene, en todos los centros educativos españoles impartan educación sexual y reproductiva personas dependientes del Ministerio o las consejerías de Sanidad, profesionales de la salud ajenos al centro escolar. Naturalmente, los contenidos serán definidos por una norma legal y vigilados por Sanidad a través de la Inspección correspondiente.